Es nuestro gran sistema territorial y cultural. Lo integramos más de treinta pueblos indígenas que provenimos de las familias lingüísticas Tukano Oriental, Arawak y Maku-Puinave. Alcanzamos una extensión de ocho millones de hectáreas, que abarcan el oriente amazónico colombiano y se internan más allá de la frontera con Brasil. Nuestro sistema equivale al 16,5% de toda la Amazonía colombiana.

Para garantizar la estabilidad del Macroterritorio, cada pueblo asume responsabilidades, especialidades rituales y prácticas de manejo socioambiental que son complementarias e interdependientes. Nuestros pueblos comparten un acervo de conocimientos fundamentado en la tradición de Yuruparí, que es el uso de instrumentos sagrados en función de una sabiduría holística enfocada en el cuidado y reproducción de la vida.

Las prácticas culturales que llevamos a cabo mediante rituales buscan mantener el equilibrio ambiental, social y espiritual de este gran sistema. Cada práctica viene ordenada en nuestros calendarios ecológicos culturales, según las interacciones que ocurren en los cambios de los ciclos de la naturaleza. Con estas prácticas renovamos el vínculo con nuestras historias de origen y con el conjunto de lugares sagrados que componen nuestra geografía. Estos lugares son nodos de energía vital interconectados, que nuestros chamanes o sabedores tradicionales transitan en pensamiento para la curación periódica del mundo.

Los diálogos interculturales representan un mecanismo de diálogo respetuoso entre sistemas de conocimiento indígenas y no indígenas. Este mecanismo representa un poderoso instrumento para la construcción diversa y plural del Estado colombiano.

El diálogo intercultural busca reconocer a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, garantizando la participación de las comunidades y respetando la diversidad de identidades culturales. Para lograr esto, el gobierno debe diseñar políticas con una perspectiva intercultural y étnica, asegurándose de que sus funcionarios e instituciones se alineen con estos principios, promoviendo así un verdadero diálogo intercultural.

A partir de la radicación de la puesta en funcionamiento de los Planes de Vida para dar cumplimiento al DL 632 se han creado diversos espacios de diálogo entre los Gobiernos Indígenas y el Gobierno Nacional, facilitados por instituciones estatales como el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el IGAC, el DANE y las Gobernaciones. Un ejemplo de esto es la visita de la ANT, que se llevó a cabo para definir la ubicación, extensión y linderos de las jurisdicciones político-administrativas de los Territorios Indígenas. Asimismo con la Gobernación del Amazonas y el Ministerio del Interior se establecieron Mesas para crear mecanismos que permitan una gestión gradual de los recursos destinados a proyectos en salud, educación y ordenamiento territorial.

Desde hace mucho tiempo, los pueblos que habitamos actualmente el territorio indígena de Yaigojé-Apaporis, nuestras autoridades, líderes y comunidades, decidimos emprender un proceso de diálogo y entendimiento intercultural con el mundo no indígena a través de diferentes estrategias. Nuestro Plan de Vida, que hace parte de este proceso, cristaliza y reafirma la unidad política y cultural para avanzar en el propósito común de fortalecer la autonomía y la autodeterminación de nuestros pueblos y gobierno con base en nuestra Ley de Origen y la fuerza de pensamiento que nos dan el Tabaco, la Coca y el Capí, plantas sagradas del conocimiento tradicional de los Jaguares de Yuruparí- Hee Yaia.

Como pueblos y Consejo Indígena, que avanzamos en la consolidación del funcionamiento de nuestro territorio como Entidad Territorial de Carácter Especial, proponemos a través del presente Plan de Vida la coordinación y la gestión con identidad cultural, en la búsqueda de la garantía de la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos indígenas, así como el cuidado, la protección y salvaguarda de la Amazonía y su biodiversidad, cumpliendo con los fines del Estado social de derecho.

“Desde nuestro sistema de gobierno, la interculturalidad es entendida como las relaciones y diálogo entre culturas diferentes, reconociendo puntos de encuentro en los cuales se pueden hacer acuerdos y otros en donde se mantienen las diferencias en el marco del respeto. En nuestro Plan de Vida, la interculturalidad es entendida como el diálogo que reconoce y acepta las diferencias, construyendo caminos de entendimiento, llegando a acuerdos y estableciendo compromisos, responsabilidades y formas adecuadas para hacer realidad lo acordado.”

Este Plan de Vida es un ejercicio de planeación propio y es la forma como le presentamos al mundo no indígena nuestros sistemas de conocimiento, entendidos como los saberes y prácticas heredadas desde hace miles de años por nuestros ancestros. Estos sistemas nos han permitido ordenar y mantener el bienestar comunitario y el cuidado de nuestro territorio. Este instrumento expresa nuestra visión política y cultural en los distintos procesos de nuestro gobierno, en el marco de la consolidación de nuestro territorio como Entidad Territorial de Carácter Especial. El mundo “no indígena” o el “mundo occidental”, organizan la gestión pública en sectores, programas y políticas que fragmentan las diferentes dimensiones de la vida, en lo económico, lo político, lo ambiental, lo educativo, etc.

Este Plan de Vida presenta de manera integral, nuestras formas de gobierno para dialogar y concertar las acciones y estrategias para el beneficio de nuestro territorio. Lo estructuramos a partir de nuestros procesos, que de acuerdo con nuestra cultura conforman un único tejido interconectado, un gran árbol con varias ramas. Todas esas ramas tienen el mismo origen, la misma cepa. Muestra de esta integralidad son los lineamientos de política que recogen nuestras necesidades y las proyectan como una estrategia política, propia de nuestras particularidades como Entidad Territorial de Carácter Especial. De esta manera pretendemos evitar la sectorización de las acciones.

También es nuestro propósito que el Plan de Vida sea un puente entre la sociedad indígena y la sociedad no indígena para una comunicación intercultural y respetuosa. Mantenemos la firme voluntad de generar diálogos horizontales y fortalecer la coordinación entre el Consejo Indígena, las demás instancias del Estado y la sociedad, en desarrollo de un ejercicio de interculturalidad que implica entender otras formas de comprender el mundo y adaptar nuevos conocimientos desde lo propio.

En la actualidad habitamos representantes de 35 pueblos indígenas. Los pueblos que cuentan con mayor representatividad son macuna (Ide ~basa), tanimuca (Yairimara), letuama (Weje ne’me maja), gente Día (~Ibia ~Basa) yauna y barasano, estos seis pueblos representan el 63% de la población de nuestro territorio (ver Ilustración 8) y el 37% son: bará, carapano, carijona, cubeo, desano, eduria, gente Leña (~Heayara), guanano, huitoto, itano, kawiyarí (Pachacuari), kokama, majiña, mamiari, miraña, muinane, matapí, piratapuyo, puinave, sikuani, siriano, taiwano, tatuyo, ticuna, tuyuca, yucuna, yuhup, yurutí. En nuestro territorio no habitan mestizos ni gawa-basa (no-indígenas).

De acuerdo con la información que recogimos a finales del 2021, que sistematizamos y ajustamos en el 2022, en el Territorio Indígena del Yaigojé Apaporis habitamos 1985 personas, de las cuales 1049 son hombres y 936 son mujeres. Las personas se encuentran agrupadas en 439 familias y distribuidos en 22 comunidades.

Ser entidad territorial indígena significa para nosotros continuar fortaleciéndonos como organización política con capacidad para administrar y gobernar nuestro territorio según nuestra ley de origen y nuestro sistema de conocimiento tradicional para el buen vivir de los grupos étnicos que habitamos en él. Para funcionar como entidad territorial nuestro Plan de Vida representa un esfuerzo colectivo que guía, orienta y define la manera en que vamos a gobernar y administrar nuestro territorio de acuerdo con nuestros fundamentos y principios culturales con el fin de asegurar nuestra pervivencia física y cultural.

En el Territorio Indígena del río Tiquié habitamos mayoritariamente los grupos étnicos Tuyuca (Ʉtãfĩnofũna), Bará (Waifinofũnã), Itana y Tuhupda (Kukeĩnterẽ) con cerca de 795 personas que estamos distribuidos en 11 comunidades indígenas: Puerto Colombia, Puerto Loro, San Francisco del Tiquié, Santa Catalina, Santa Teresita del Tiquié, Trinidad Tiquié, Bellavista Abiyú Tiquié, San Juan de Mariñá y Espuma, localizadas en la cuenca hidrográfica del río Tiquié; la comunidad de San José de Timiña localizada sobre el caño Timiña y la comunidad San Javier de Umuña ubicada en la cabecera del caño Umuña, ambos afluentes del río Pirá Paraná.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los pueblos indígenas que tienen en mayor o menor medida representación en el territorio:

Los diferentes procesos de poblamiento y migración que desde nuestro origen han definido nuestra figura de asentamiento actual también nos han permitido tener conocimiento y manejo de diferentes lenguas tradicionales. Además, por el contacto con el mundo blanco muchos de nuestros integrantes entienden y hablan español y en algunos casos portugués. A continuación, mostramos una gráfica en donde se observan las lenguas que de manera mayoritaria se hablan en nuestro territorio:

Desde 1980, hemos avanzado en la consolidación de nuestra autonomía y sistema de gobierno propio, con la participación activa de líderes y miembros de la comunidad en la formación de nuestro territorio como entidad indígena. Basados en nuestro derecho a la autonomía y la libre determinación, hemos establecido nuestras instituciones, principios y reglas para gobernar y administrar el territorio, regulando la vida social, política, económica y cultural, y coordinando con el Estado y otros actores externos.

El Territorio Indígena del río Tiquié como entidad territorial indígena tiene como objetivo principal asegurar el derecho fundamental a la vida, el bienestar general, pervivencia física y cultural de los sistemas de conocimiento y garantizar la integridad cultural y territorial, es por ello, que como parte del Estado hemos definido unas formas administrativas propias de organización y una serie de atribuciones para el ejercicio del poder público en el ámbito de nuestra jurisdicción territorial en coordinación con las entidades nacionales y territoriales del Estado.

El sistema de gobierno del Territorio Indígena del río Tiquié tiene sus bases en la ley de origen desde la cual se establece nuestro ordenamiento territorial, social, cultural, económico, y el conocimiento tradicional a partir de una relación equilibrada entre todos los seres humanos y espirituales del mundo. Este sistema de gobierno orienta el ejercicio político y administrativo, pues se articula con los roles tradicionales de gobierno, los roles políticos y administrativos en tres niveles: 1) gobierno propio tradicional, 2) gobierno comunitario, y 3) gobierno territorial, de la siguiente forma:

El contexto social de nuestro territorio cambia a través del tiempo y nuestro Plan de Vida se ajusta constantemente para dar respuestas a los nuevos retos. Nuestros fundamentos y principios no cambian, siguen orientado la vida en el territorio y de la entidad territorial en el contexto actual, marcan nuestra manera de ser y estar en el mundo, son el sustento y la razón del territorio; por eso son fuente de derecho y que, entre otros propósitos, pretenden:

Garantizar el reconocimiento pleno de la diversidad y del pluralismo constitucional.

Reconocer la fuerza y capacidad de adaptación de nuestro sistema de vida

Generar las condiciones necesarias para que la entidad territorial indigena de carácter especial garantice el Bienestar colectivo de las familias, pueblos indígenas y comunidades del territorio.

Promover el entendimiento entre sistemas de conocimiento diferentes de acuerdo al carácter diverso de nuestro país.

Garantizar la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos.

Nuestro sistema de conocimiento -producto de la Ley de origen- define la manera como se gobierna y administra el territorio en la medida que configuran el conjunto de relaciones, instituciones, acciones, normas y procedimientos, que garantizan su adecuado funcionamiento y la articulación de las diferentes estructuras políticas, administrativas, económicas y normativas propias con el resto del Estado. Todas estas instituciones y estructuras, guardan una relación de interdependencia y complementariedad, y por ello no son separables las unas de las otras, porque todas expresan nuestro sistema de conocimiento, tradición y cultura.

En cuanto al número de personas y de familias por comunidad, las que cuentan con mayor número de habitantes son Mamurá con 143 habitantes (13,2%), Puerto Guayabo con 141 (13,02%) y Jariyé con 115 habitantes (10,62%);Las que tienen menos habitantes son Quebrada Negra con 60 habitantes (5,54%), Oiyaká con 27 (2,49%) y Santa Isabel con 9 habitantes (0,83%).

En cuanto al número de personas y de familias por comunidad, las que cuentan con mayor número de habitantes son Mamurá con 143 habitantes (13,2%), Puerto Guayabo con 141 (13,02%) y Jariyé con 115 habitantes (10,62%);Las que tienen menos habitantes son Quebrada Negra con 60 habitantes (5,54%), Oiyaká con 27 (2,49%) y Santa Isabel con 9 habitantes (0,83%).

En 1996 conformamos la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del río Pirá Paraná (ACAIPI). La creación de ACAIPI facilitó un espacio institucional para la gestión de nuestros intereses y prioridades. Sin embargo resultó insuficiente para el reconocimiento pleno por parte del Estado ejercer nuestra autoridad como autoridades públicas del Estado colombiano. Desde ese momento identificamos como propósito lograr ser una entidad territorial.

A partir de la creación de ACAIPI comenzó el proceso de escritura de nuestro Plan de vida, con esto abrimos espacios de reflexión que evidenciaron la necesidad de definir estrategias para fortalecer nuestro sistema de conocimiento, nuestro sistema integral de gobierno, así como facilitar el relacionamiento con el Estado colombiano y otros actores.

La expedición del Decreto Ley 632 de 2018 abrió el camino para que poner en funcionamiento nuestro territorio como Entidad Territorial parte de la estructura político administrativa del Estado. Con esto reconocer su carácter público sin la intermediación de otras autoridades públicas locales en cumplimiento de la Constitución Política de 1991 que reconoce que Colombia es una Estado Plural y diverso, cuyo principio y fin es proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación.

Decidimos iniciar el proceso de poner en funcionamiento el Territorio Indígena como entidad territorial dimos el primer paso con la constitución del Consejo Indígena del Pirá Paraná, como la máxima instancia de gobierno con capacidad para ejercer con plenitud los derechos y atribuciones que establecen, tanto la Constitución Política, como diversos instrumentos internacionales nacionales y el derecho propio. Con este hito histórico reafirmamos que somos autoridades en nuestro territorio conforme a nuestra ley de origen y conforme a la constitución colombiana en una unión intercultural de pensamientos para la salvaguarda del Territorio.